Resumen de la situación

En el período evaluado, de enero a abril de 2025, se detectaron diez (10) accidentes mineros que registraron un saldo de diez (10) víctimas fatales, una por cada suceso. Hasta la fecha todos ocurridos en el estado Bolívar. Información que recopiló y procesó SOSOrinoco obtenida del arqueo minucioso de lo publicado por los medios de comunicación nacionales y locales, en esta oportunidad, especialmente de fuentes reporteriles de emisoras de radio y televisión asentadas en esa entidad meridional venezolana.

En los principales municipios de extracción aurífera de Bolívar están ocurriendo accidentes mortales casi que mensualmente y de seguir este ritmo (una víctima por evento) sin que se tomen medidas que corrijan el actual panorama extractivista, al final del año 2025 podría superarse las cifras récords de decesos por incidentes mineros de los años anteriores.

Es de referir que en el 2023 la cifra fue de 43 fallecidos (más 1 cuerpo desaparecido), la más alta de las reportadas por SOSOrinoco, mientras que en el 2024 fue de 31. Pero es importante señalar que en esos años ocurrieron episodios con un número grande de víctimas, como el accidente de La Talavera (El Callao) del 30/05/23 en el que murieron 13 mineros, o el de San José de Wadamapa (Icabarú) del 06/12/23 con 13 decesos, o lo acontecido en Bulla Loca (Reserva Forestal La Paragua) del 20/02/24 con no menos de 16 fallecidos. Situaciones trágicas que pueden repetirse ya que siguen las mismas condiciones e incluso agravadas con el atractivo que significa el aumento del precio del oro, que ya supera los 3000 dólares la onza de oro.

En lo que va del 2025 se repiten las mismas circunstancias, manteniéndose la opacidad oficial ante estos hechos reiterativos, lo cual refleja la vulnerabilidad de los derechos humanos de un sector de la población y la falta de responsabilidad del Estado venezolano. Hasta la fecha van 10 personas muertas, aparte de un número indeterminado de lesionados, ejerciendo actividades extractivas sin los debidos controles técnicos y legales, entre ellos las condiciones de seguridad laboral, y sin que ninguna institución pública lo haya impedido.