Accidentes mineros
Edición especial #06
La recurrencia de estos accidentes mortales de manera casi mensual en los principales municipios de extracción aurífera de Bolívar refleja la vulnerabilidad de los derechos humanos de un sector de la población y la falta de responsabilidad del Estado venezolano.

Tendencia
1. Un fallecido por cada accidente.
La propensión de accidentes observada en el primer cuatrimestre de 2025 en Bolívar, con una tasa de mortalidad de un fallecido por accidente minero, más la data de posibles eventos con múltiples víctimas, tal como ha ocurrido en los últimos años (ejemplo, el caso del 20/02/24 en Bulla Loca con 16 fallecidos), de mantenerse, podría llevar a superar las ya elevadas cifras de decesos de años anteriores, evidenciando una persistente crisis humanitaria en el sector. La repetición de las mismas circunstancias que llevaron a los accidentes de 2023 y 2024, sumada a la continua opacidad oficial, sugiere una falta de voluntad política o capacidad institucional para abordar de manera efectiva las causas estructurales de esta problemática.
2. Las estadísticas oficiales brillan por su ausencia.
La ausencia de estadísticas oficiales confiables sobre accidentes mineros en Venezuela, señalada en el informe, es en sí misma un síntoma de la debilidad del estado de derecho y la falta de transparencia, elementos que dificultan la formulación de políticas públicas efectivas y la exigencia de responsabilidades. El posible aumento en la edad promedio de las víctimas fatales, aunque preliminar, podría indicar cambios demográficos en la minería informal que requieren mayor investigación, pero que, en el contexto actual, simplemente se suman a la vulnerabilidad generalizada de quienes se dedican a esta actividad en condiciones precarias. La falta de medidas preventivas y de investigación diligente ante cada muerte refuerza la sensación de impunidad y perpetúa un ciclo de violación de los derechos