Observatorio socioambiental

Lo que baja es una modalidad, no la actividad. El encarecimiento del combustible ha frenado la minería que depende de motores alimentados con derivados del petróleo, y en su lugar proliferan formas más rústicas: el cavado a mano, los detectores de metal y el uso de gas doméstico en las minas.

Dentro del parque nacional Canaima, en cambio, las minas siguen creciendo. Es probable que los militares monten algún operativo de propaganda a la luz de una posible visita de la Misión Reactiva de UNESCO, esperada desde 2022 y sin concretar por los obstáculos del régimen.

La Paragua parece ser ya el gran centro de distribución por vía aérea de toda la minería del sur: la de Alto Orinoco, la del Caura y la de Ikabarú. La gasolina llega por tierra desde Ciudad Bolívar o Puerto Ordaz y desde allí se redistribuye volando. Algunos informantes sostienen que es el aeropuerto con mayor actividad de Venezuela. Santa Elena parece estar preparándose para jugar un papel semejante.

A esa red se suman los pilotos venezolanos que estaban al servicio de la minería en Brasil y que ahora regresan a operar desde territorio nacional, empujados por las medidas del gobierno brasileño contra la minería en zonas indígenas de la frontera.

La dirigencia política pemón de la Gran Sabana parece estar moviéndose hacia un acuerdo que legalice la minería, especialmente fuera del parque nacional Canaima, y que reserve sus beneficios a los mineros indígenas. Los pronunciamientos de las propias autoridades comunitarias —contra el ingreso indiscriminado de personas, a favor de sanear lo dañado— apuntan en esa dirección.

De confirmarse, lo que veremos es una consolidación creciente de la actividad fuera del parque y en manos de las comunidades, junto con un crecimiento general en la zona de Ikabarú.

Se anuncian operativos —la «Operación Roraima» en Sifontes y en la Gran Sabana, un despliegue de la FANB que no hemos podido confirmar—, pero lo que queda documentado en el mismo periodo es lo contrario: las minas del parque nacional Canaima siguen expandiéndose y aparecen balsas mineras en el río Caura.

El costo humano tampoco se detiene. La muerte de trece mineros informales en El Callao es la medida de una actividad que no está siendo contenida, sino administrada.

Las minas objeto de desalojo son unas pocas, y de ellas se ha forzado a salir sobre todo a mineros criollos y extranjeros. El centro neurálgico del parque, el poblado de Cacique, no ha sido desmantelado hasta agosto de 2023 y sigue operando con regularidad; la cumbre del Yapacana no fue tocada desde diciembre, y las imágenes de satélite procesadas por SOSOrinoco muestran los campamentos intactos.

El actor que administró esa minería durante veinte años, la guerrilla colombiana, no ha emitido un solo mensaje desde que empezó el operativo. En Puerto Inírida, hacia donde fluye la mayor parte del oro extraído, los informantes no reportan descenso alguno de la actividad económica asociada. Tampoco hay certeza de hacia dónde se desplazan los mineros desalojados.

Lo que se perfila es una minería ejercida solo por indígenas venezolanos, con otras minas reservadas a los militares, y un operativo prolongado indefinidamente mientras la actividad continúa bajo otros acuerdos.

Los operativos militares no han pasado del parque nacional Yapacana, y fuera de él la minería no solo no se ve afectada sino que se expande: en el Alto Orinoco, con un contacto y un impacto crecientes sobre las comunidades Yanomami y ya posiblemente sobre las Yekuana, y en el río Negro con la modalidad de balsas.

La actividad garimpeira justo al lado del puesto de la Guardia Nacional Bolivariana en el cerro Delgado Chalbaud, dentro del parque nacional Parima-Tapirapecó, no admite otra lectura: la minería se realiza con el auspicio y la participación de los militares venezolanos.

En los próximos meses es previsible la apertura de nuevas minas en el Alto Ventuari y la continuación de la expansión en Parima-Tapirapecó y Duida-Marahuaka, con evidencias probables dentro del parque nacional Serranía de La Neblina.