Observatorio socioambiental

La incursión militar en El Manteco y el desmantelamiento de barracas en La Colonial, dentro del parque nacional Caura, siguen el guion de siempre: se anuncian, se fotografían y terminan devolviendo la mina a la normalidad después de una negociación. Lo que se combate no es la minería, es la minería que no ha pagado.

La denuncia de la carretera ilegal de Tepequém dejó eso a la vista, y la reacción lo confirmó: en lugar de investigarse la vía, se desataron temores y amenazas de operativos contra quienes la denunciaron. Una carretera no se abre en la selva sin maquinaria, sin combustible y sin permiso, y el pacto que la sostiene une a los militares con parte de la dirigencia indígena. La delincuencia organizada opera dentro de ese mismo esquema, no contra él.

«Bulla» es el término local para un sitio donde se ha hecho un gran hallazgo de oro y al que los mineros acuden masivamente. Este llegó a congregar entre seis mil y diez mil personas, y tenía apenas unos meses cuando el colapso de un barranco sepultó a decenas: al menos dieciséis muertos reconocidos oficialmente.

La tragedia evidenció una vez más lo que ya se sabe desde hace años: las autoridades, más que hacerse de la vista gorda ante esta minería anárquica, la avalan y la permiten. No pudo esconderse porque empezó a circular desde las redes de los propios mineros, y sobre todo por el video filtrado en el que un oficial militar reconoce el orgullo que sienten por los mineros y pide un esfuerzo para no crear alarma, con la promesa más o menos velada de que pronto podrán volver a la mina.

Quedó a la vista también el control de la mina por parte de algún grupo criminal. El discurso institucional ambientalista con el que reaccionó después la cúpula militar buscaba, sin duda, aminorar el efecto de ese video.

La extraordinaria temporada de incendios que azotó la región, especialmente en la Gran Sabana y en el noroeste del estado Bolívar, ha batido todas las cifras conocidas históricamente en cantidad de focos y en superficie quemada. La gravedad del asunto es tal que merecerá un reporte especial propio.

El resto del saldo no se ve desde un satélite: treinta y tres ríos contaminados, los casos de malaria aumentando en la Gran Sabana, y frentes extractivos que se abren en sitios nuevos mientras la atención está puesta en otra parte.

Los mineros desalojados del Yapacana no se fueron: reaparecieron en otra parte. La Operación Escudo Bolivariano Neblina 2024 continuó desplegándose mientras el tránsito fluvial por el Orinoco se bloqueaba y se interrumpía, que es lo que ocurre cuando quien controla el río cambia de manos. A eso lo llamamos efecto cucaracha, y es el resultado esperable de un operativo que expulsa gente sin tocar el negocio.

Lo que queda detrás es una crisis sanitaria que se propaga por el Alto Orinoco mientras el gobernador primero la niega y después la maquilla. La salud en Amazonas está en terapia intensiva: llegó el CUMIS con su despliegue de propaganda, se documentaron casos de trata de personas y suicidios, y la caída de una torre eléctrica dejó tres días sin luz a Puerto Ayacucho. Desalojar una mina es un espectáculo de un día; sostener un ambulatorio exige una decisión que no se ha tomado.

El primer asomo de este observatorio a Delta Amacuro no encontró minería: encontró hambre. Niños muriendo de desnutrición y de enfermedades curables, y la muerte del padre Kokal como uno de los pocos hechos que llegaron a hacerse públicos. Es una crisis distinta de la del resto del sur y por eso conviene decirla aparte: aquí el régimen no está saqueando un territorio, simplemente lo dejó caer.

En el Esequibo pasa lo contrario y llega al mismo sitio. La Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba y el conflicto con Guyana ocupó titulares, pero sobre el terreno no se movió nada: ni administración, ni servicios, ni control. Una ley que crea un estado y un delta donde no hay ambulatorio son las dos caras de la misma forma de gobernar, que consiste en legislar sobre lo que no se atiende.