Observatorio socioambiental

El 28 de julio el régimen perdió en toda la región sur, incluidos los centros de votación de zonas mineras como Tumeremo, El Callao y Guasipati. La respuesta no fue política sino policial: persecución y violación de derechos humanos en el entorno postelectoral, mientras desde la oposición se planteaba el debate de fondo sobre qué hacer con la minería.

En el mismo movimiento cayó la cúpula de la Corporación Venezolana de Minería, con el general Carlos Osorio defenestrado junto a otros altos funcionarios por corrupción. Conviene no leerlo como una depuración: el nuevo jefe del sector acumula la Corporación Venezolana de Guayana, el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico y Minerven a la vez. Descabezar no cambia el modelo, lo concentra.

Antes y después de las elecciones, el gobierno siguió reportando operativos de desalojo de minería ilegal sin que ninguno pudiera confirmarse de forma independiente ni mostrara un efecto duradero sobre el terreno.

La evidencia apunta en dirección contraria a los comunicados: la minería continúa expandiéndose pese a los supuestos operativos, con deforestación masiva en el parque nacional Caura y con impactos que no se detienen. Un operativo que se anuncia, no se comprueba y no deja huella no es un obstáculo para la minería; es parte de su funcionamiento.

La problemática minera sigue su curso sin ningún signo de mejora, con las consabidas consecuencias de contaminación, violencia y accidentes. Es esperable que la crisis se profundice en los próximos meses, con una alta incidencia de las enfermedades asociadas a la minería —malaria y leishmaniasis, principalmente—, más accidentes y más enfrentamientos entre bandas por el control de las minas.

El saldo de este cuatrimestre ya lo anticipa: cuatro muertos en un accidente en Purgatorio, treinta y tres jóvenes intoxicados en Caicara del Orinoco, la malaria y el dengue en aumento, y niños trabajando en condiciones de esclavitud.

Las protestas contra el fraude dejaron en Amazonas detenciones arbitrarias y acoso a periodistas, con indígenas entre las víctimas. Y el mes en que eso ocurría se cumplían dos años del asesinato de Virgilio Trujillo Arana, defensor uwottüja de la Guardia Territorial del Sipapo, sin un solo responsable ante un tribunal. Reprimir a quien protesta y no investigar a quien mata a un defensor son la misma política vista en dos tiempos.

Mientras tanto, en los ríos del estado cobran peaje otros: los puntos de control indígenas de Atabapo funcionan como alcabalas sin que el régimen les ponga reparo. Y la situación sanitaria del pueblo yanomami terminó en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es exactamente lo que ocurre cuando un problema de salud pública no encuentra dentro del país una sola instancia dispuesta a atenderlo.

Uno de los hallazgos más importantes del cuatrimestre en materia minera es la verificación de un inusitado movimiento en torno a la extracción de casiterita en el norte del estado Bolívar y en el municipio Autana del estado Amazonas. La coincidencia no es menor: ocurre al mismo tiempo que los desalojos de mineros en el parque nacional Yapacana.

En Autana, además, la casiterita convive con la presencia guerrillera. Y la minería del oro tampoco se detuvo: continúa expandiéndose al sur del límite del parque, en los sectores Cárida y Yagua, y crece en el Cunucunuma y en el eje del Orinoco. Sigue siendo evidente la actividad en los parques nacionales Duida-Marahuaka y Parima-Tapirapecó, en este último especialmente en las adyacencias de los puestos de la Guardia Nacional.

El pueblo warao sigue en riesgo y la crisis del Delta del Orinoco ya no es una emergencia: es una condición permanente que nadie va a atender. Este observatorio la registra edición tras edición con los mismos elementos —desnutrición, enfermedades curables, desplazamiento— y con la misma ausencia de respuesta.

En la Guayana Esequiba, el régimen amaga en la frontera con Bolívar mientras Guyana avanza en lo que de verdad decide el futuro del territorio: ha autorizado a más de cincuenta y dos grupos el aprovechamiento de la zona, y el análisis del CSIS sobre el conflicto advierte de sus peligros. Un territorio se pierde por lo que se hace en él, no por lo que se declara sobre él.