Observatorio socioambiental

De gran relevancia es que el régimen abrió de manera «formal» el Bloque 003 del Arco Minero del Orinoco, en los municipios Cedeño y Sucre, para la extracción de casiterita. Hasta ahora ese mineral se venía extrayendo de forma silenciosa, aunque notoria, y la apertura se justifica por la venta y exportación a China.

Conviene fijarse en el orden de los hechos: primero se extrae, después se formaliza. La legalidad no llega para poner límites a una actividad, sino para ponerle nombre a una que ya estaba en marcha y darle salida internacional. Mientras tanto la minería sigue expandiéndose en Cedeño, El Callao y Angostura, y las áreas protegidas siguen siendo vulneradas por dentro y asediadas desde fuera —Yapacana, Duida-Marahuaka, Parima-Tapirapecó, Caura, Guaiquinima y Canaima—, porque no existe voluntad de contenerla ni de regularla.

Es relevante el regreso de la minería a Bulla Loca, la infame mina ilegal donde a principios de 2024 murieron tapiadas más de dieciséis personas. A menos de un año de aquella tragedia, todas las promesas de los voceros del régimen de que no permitirían el regreso de esa actividad demostraron ser falsas.

No es un caso aislado y por eso importa: la minería avanza también al sur de la Gran Sabana, con el mismo patrón de anuncio incumplido. Cuando la palabra del régimen no vale ni sobre la mina donde murieron dieciséis personas, no vale sobre ninguna.

En la región oriental de la Guayana venezolana las actividades mineras siguen rampantes y continúan los procesos de reacomodo de los grupos de delincuencia organizada, que incluyen a la guerrilla colombiana. Todo ello en el marco de una nueva bulla aparecida en El Dorado.

El repunte de los precios del oro no llega a quien lo saca: llega a quien controla la ruta. Y esa ruta incluye el contrabando, la trata —se desarticuló una red que llevaba ancianos venezolanos hacia Brasil— y una corrupción que este cuatrimestre dejó más evidencias de negocios entre funcionarios venezolanos de alto nivel y comisionistas e inversionistas españoles vinculados al gobierno de ese país.

La problemática minera sigue su curso sin ningún signo de mejora, con las lógicas consecuencias de destrucción del patrimonio natural y cultural: deforestación, contaminación, violencia y accidentes mineros.

Frente a eso, la desidia gubernamental y una crisis sanitaria que nadie atiende. La exigencia de una respuesta conjunta de los países amazónicos ante la minería ilegal no viene del régimen venezolano, sino de quienes documentan lo que ocurre. Y lo que está en juego no es solo el bosque: en el Orinoco medio hay asentamientos humanos anteriores a Mesopotamia.

Lo más relevante del cuatrimestre fue constatar el nuevo impulso de la minería ilegal de oro en Amazonas después de los supuestamente exitosos operativos militares de los últimos dos años. La minería no solo no dejó de trabajar dentro del parque nacional Yapacana: se reactivó con un gran impulso en Cárida, al sur del parque. Por primera vez, además, se cuenta con evidencia fotográfica y en video de la minería en balsas que se realiza dentro del parque nacional Duida-Marahuaka, denunciada desde hacía meses sin que nadie la comprobara.

Que los operativos no contengan la minería y sí produzcan detenidos indígenas no es una contradicción: es el mismo hecho visto desde los dos extremos. El asesinato de un líder indígena en el Alto Ventuari se suma a una lista que este observatorio documenta desde su primera edición y que no ha producido un solo responsable ante un tribunal, mientras la incautación de cinco toneladas de droga en caño Caname recuerda que el Amazonas venezolano es una ruta importante del tráfico procedente de Colombia, aunque rara vez se informe de ello.

El repunte minero vino acompañado de una batida interna y un pase de facturas dentro de la oficialidad militar del estado Amazonas, con la detención de altos oficiales de la Guardia Nacional Bolivariana relacionados con la minería ilegal en el Alto Orinoco. SOSOrinoco venía denunciando esa relación desde hacía al menos dos años, y la detención de dos ciudadanos españoles en el aeropuerto de Puerto Ayacucho muestra el mismo reflejo desde otro ángulo: detener primero y explicar después, o no explicar.

Que ahora se detenga a esos oficiales no es una rectificación: es la confirmación de la denuncia. Y no creemos que conduzca a cambios sustanciales, y menos aún positivos. El modelo extractivista informal, ilegal o pseudolegal que ha implantado el régimen le ha dado buenos resultados hasta la fecha, y seguramente se profundizará en un periodo de inestabilidad política y ausencia de apoyo popular.

Al menos treinta y cuatro warao se trasladaron a Carúpano por un posible brote de tuberculosis. Es el mismo patrón que este observatorio viene registrando: cuando el sistema de salud no llega, la única respuesta disponible es el desplazamiento, y la crisis sanitaria del Delta del Orinoco es ya endémica sin que nada indique que vaya a atenderse.

En la Guayana Esequiba el contencioso territorial sigue su curso, pero en el terreno lo que avanza es otra cosa: la minería ilegal y las rutas del narcotráfico, que no distinguen líneas en un mapa. Los dos territorios comparten el mismo argumento visto por sus dos caras: mientras la soberanía se invoca en las declaraciones, la gente se marcha del Delta y el subsuelo del Esequibo se reparte sobre el terreno.