En Amazonas los operativos mediáticos no detienen el nomadismo fluvial

En Amazonas existen intervenciones militares publicitadas por el gobierno, principalmente en el Parque Nacional Yapacana y el eje del río Atabapo, pero no una política de desalojo sostenida capaz de erradicar la minería.

Las comisiones ingresan a las zonas de extracción, inhabilitan algunas balsas, queman campamentos y destruyen motores de succión. Después difunden reportes institucionales de «desmantelamiento de la minería ilegal».

Ese es el producto principal de los operativos: la nota de prensa. La secuencia se repite con tal regularidad —incursión, destrucción parcial, difusión, retirada— que puede leerse como una metodología, y su objetivo verificable no es recuperar el territorio sino mostrar que algo se hizo.

No se establecen puestos de vigilancia permanentes. Al retirarse los efectivos, los mineros informales y garimpeiros regresan a la misma zona o mueven las balsas hacia caños secundarios, ríos colindantes y pasos fronterizos.

La minería fluvial reduce aún más la eficacia de un desalojo tradicional. Las unidades móviles pueden navegar hacia el Orinoco, el Atabapo o tributarios poco visibles, cruzar temporalmente la frontera y regresar cuando finaliza el patrullaje.

En Amazonas, además, la actividad es ilegal por definición: el Decreto 269 de 1989 prohíbe toda exploración y explotación minera en el estado. Cada balsa que opera en el Yapacana lo hace contra una prohibición expresa, y aun así lleva años funcionando a la vista de todos. No es un problema de vacío legal, sino de un régimen que no aplica la ley que él mismo invoca.

Las áreas supuestamente recuperadas tampoco reciben guardería ambiental. La falta de puestos permanentes permite la reocupación y convierte cada incursión en una pausa breve dentro del mismo ciclo extractivo.

El combustible y los motores atraviesan múltiples alcabalas antes de llegar a Atabapo, mientras los grupos armados cobran peajes y conviven con las dinámicas de control estatal. Los operativos alteran momentáneamente la ubicación, pero no la estructura de la minería fluvial.

Ahí está la contradicción que ningún boletín explica: los mismos Puntos de Atención Ciudadana que no logran impedir el paso de tambores de gasolina y motobombas hacia los ríos son los que después se presentan como el dispositivo de control del Estado en la región. Lo que no pasa por esos puntos son los alimentos y las medicinas de las comunidades del interior.

El resultado, al cierre del período, es un estado donde la minería está prohibida, es perseguida en los comunicados y crece en el terreno, sostenida por el reacomodo constante de las cuadrillas, la tutela de los grupos armados irregulares y la certeza de que ninguna comisión se queda.