La intervención en Las Claritas desplazó mineros hacia El Callao y Gran Sabana

El desplazamiento de pequeños mineros es real y recurrente en Bolívar, pero su causa no es la llegada de grandes empresas. Lo observado después de la intervención militar en Las Claritas y el Kilómetro 88 fue un movimiento de cuadrillas hacia El Callao y, en menor medida, hacia El Dorado y Gran Sabana.

El operativo de junio de 2026 se presentó como un golpe al crimen organizado y terminó funcionando como un mecanismo de reordenamiento del negocio. Quien tenía capital y contactos se quedó; quien trabajaba con una cuadrilla y un motor prestado tuvo que buscar otro yacimiento donde lo dejaran entrar.

En El Callao, el alcalde Coromoto Lugo exigió que los beneficios de la minería contribuyeran a mejorar los servicios públicos, mientras los pobladores protestaban por las fallas eléctricas y propietarios de terrenos enfrentaban invasiones.

Esas tres cosas ocurren a la vez y no por casualidad. La llegada de cuadrillas desplazadas presiona sobre unos servicios que ya estaban colapsados, multiplica la ocupación de terrenos y obliga a una alcaldía sin recursos a reclamar una parte de una renta que nunca ha sido pública. El municipio recibe el costo social del oro y no ve el oro.

También se observa un movimiento poblacional hacia el norte de la Troncal 10, especialmente hacia El Dorado, El Callao y Tumeremo. En sus márgenes se recolocan los molinos destinados a procesar el oro, con efectos presentes y futuros sobre la electricidad de las zonas urbanas.

El traslado de los molinos es la señal más clara de que el desplazamiento no es una huida sino una mudanza del sistema completo. Donde se instala un molino se instalan el consumo eléctrico, el mercurio, el cianuro y el circuito de compra del oro, ahora a las puertas de poblados donde antes solo llegaba el mineral procesado.

La intervención militar no ordenó el territorio ni sustituyó la economía informal. Desplazó personas y equipos hacia municipios donde ya existen conflictos por servicios, tierras y control de los yacimientos.

Ese es el patrón que el observatorio viene documentando y que el régimen presenta como éxito: la fuerza pública entra, destruye, se retira y difunde fotografías, y el efecto medible es que la actividad cambia de sitio. Nada en los eventos del período indica que alguna institución haya ocupado el lugar del sindicato.

Si las grandes empresas terminaran instalándose en El Callao, los pequeños mineros que están llegando podrían desplazarse de nuevo. Pero durante el período analizado no existe evidencia de corporaciones tomando posesión de terrenos o instalando maquinaria.

El movimiento actual responde a la presión militar, la violencia y la búsqueda de lugares donde la minería informal pueda continuar. Y como esos lugares son cada vez más remotos, cada desplazamiento acerca la extracción a los parques nacionales y a las cuencas que aún no habían sido intervenidas.