Arenas negras
Edición especial #08
El régimen venezolano utiliza a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para barnizar de legalidad la extracción ilícita, permitiendo incluso rutas de exportación que conectan el Arco Minero con el puerto de La Guaira y con destinos internacionales.
Resumen de la situación
El presente informe de SOSOrinoco documenta una crisis de soberanía y seguridad ambiental sin precedentes en el sur de Venezuela (Amazonas y Bolívar), donde la explotación de minerales críticos (coltán, casiterita, tierras raras y otros) ha consolidado una estructura criminal transnacional motorizada por las guerrillas colombianas, la cuál es posible por la facilitación y omisión deliberada del Estado venezolano.
La investigación identifica a la guerrilla colombiana (ELN y Segunda Marquetalia) como los gestores operativos del expolio. Estos grupos no solo controlan los yacimientos, sino que han trasladado su guerra interna a territorio venezolano. Tras la ruptura de sus pactos en agosto de 2025, el sur de Venezuela se ha convertido en un campo de batalla donde se dirimen intereses económicos originados en Colombia, utilizando armamento avanzado y drones, mientras someten a comunidades indígenas (Uwottuja, Jivi y Eñepá) a regímenes de trabajo forzado e insalubridad.
Es evidente la debilidad institucional y la opacidad de Venezuela,existiendo una alarmante asimetría en las incautaciones de estos minerales ilegalmente extraídos: Colombia ha incautado aproximadamente 381 toneladas de coltán (2012-2025), mientras Venezuela apenas reporta 1 tonelada. Esta brecha evidencia una frontera permeable donde el mineral venezolano es blanqueado en centros logísticos colombianos como Puerto Carreño y Cumaribo.
Internamente, el régimen venezolano utiliza a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para barnizar de legalidad la extracción ilícita, permitiendo incluso rutas de exportación que conectan el Arco Minero con el puerto de La Guaira con destinos internacionales. Resalta una expansión minera agresiva en la Serranía de Parguaza, área que se encuentra fuera de las zonas donde normalmente se extrae ilegalmente estos minerales.
La explotación de estas "arenas negras" en el Escudo Guayanés viola el Decreto N° 269 (prohibición minera en Amazonas) y genera daños irreversibles a la biodiversidad y a la salud de las comunidades indígenas. La Amazonia venezolana se encuentra bajo una ocupación extranjera de facto. La recuperación del territorio exige desmantelar las redes de complicidad estatal y enfrentar la influencia de la guerrilla colombiana para evitar que el patrimonio natural de la nación siga financiando la guerra y la destrucción del tejido social venezolano.