Observatorio socioambiental

La acción de la FANB para erradicar la minería ilegal sigue siendo esporádica y poco efectiva, y cuando ocurre levanta malestar en la población por la forma en que se ejerce la represión. Es evidente, además, que hay comunicación entre las autoridades militares y las representaciones políticas de las comunidades indígenas, de modo que estas quedan advertidas de los posibles operativos y pueden ajustarse para prevenir choques.

Mientras tanto, la minería está en auge. En el parque nacional Canaima la Misión Reactiva de UNESCO sigue sin poder entrar —se espera desde 2022— y el turismo y las minas sí. Es previsible que las minas del entorno del parque, y en especial las balsas de la cuenca del Carrao, sigan creciendo con participación de miembros de las comunidades indígenas.

La actividad minera en la Gran Sabana, y en particular en Ikabarú, parece estar recuperando su ímpetu, y el accidente trágico de la mina cercana a San José de Wadamapá no hace mella en ese repunte. Toda esa minería está controlada por las autoridades comunitarias indígenas, y sigue habiendo inversión de capital brasileño —dinero, equipos y logística— en el sector.

Lo previsible en los próximos meses es la ampliación de la actividad en La Paragua y en la cuenca del Ikabarú, y un aumento de la actividad de balsas en el tramo final del Caroní, antes de su desembocadura en el embalse de Guri.

La casiterita aparece con más frecuencia en la actividad detectada en el estado Bolívar —en La Paragua y en Los Pijiguaos—, y se confirma la actividad focalizada en ese mineral en el Alto Orinoco. Es un rubro nuevo dentro del mismo negocio.

Es aún pronto para apreciar la repercusión del levantamiento de las restricciones del gobierno estadounidense al comercio del oro de origen venezolano, pero en conjunto los indicios apuntan a una mayor actividad minera que en el cuatrimestre anterior.

Hay evidencia de que los Grupos Armados Organizados, en particular los vinculados al Tren de Aragua, estarían a sus anchas en la porción sur de Imataca, a lo largo de la troncal 10. Es previsible el estallido de una mayor conflictividad social en torno a la minería, sobre todo en el Caura, entre esos grupos y las comunidades indígenas.

El costo no es solo el del conflicto armado: es también el desplazamiento, la falta de alimentos, la ruta migratoria que termina en oro, droga y muerte, y una ciudad que vuelve a inundarse en un territorio deforestado.

La Operación Autana cumplió nueve meses con 10.260 personas desalojadas y un parque nacional que sigue siendo una mina. Costó tres muertos en la mina Cacique, una mujer secuestrada y un periodista preso, y su efecto medible fue empujar la minería fuera del Yapacana: creció en el Alto Orinoco, en Atabapo y en el Casiquiare, con la logística entrando desde Santa Elena. Maduro llegó a ordenar «recuperar el Amazonas», Bolívar incluido.

Conviene poner esa cifra al lado de la otra. El mismo régimen capaz de movilizar veinticinco mil militares para desalojar una mina no mantiene abierto un ambulatorio, ni la luz, ni los vuelos en el Amazonas al que no llega. No es incapacidad logística: es una decisión sobre para qué se usa el aparato del Estado y para qué no.

La tensión en torno al contencioso territorial se reactivó a raíz de la decisión de la Asamblea Nacional de convocar un referéndum consultivo. Eso colocó el tema sobre el tapete de la actualidad política y provocó un inusitado movimiento militar a lo largo de la línea límite de Bolívar con el territorio.

Más allá de eso, el asunto en el terreno sigue siendo el minero, y continúan las evidencias de la gran interrelación que existe entre los actores mineros del Esequibo y los de Bolívar. Lo previsible es que la efervescencia en torno al reclamo territorial disminuya y que la actividad minera siga en auge, con las vinculaciones estrechándose especialmente a lo largo del río Cuyuní.

Quienes pagan el movimiento militar son, entretanto, los habitantes del territorio: comunidades indígenas a las que se destrozan los conucos por confundirlos con campamentos mineros, y a las que nadie consulta.