El precio del oro se paga en derechos humanos y ambientales
El sur de Venezuela ha dejado de ser territorio de la República para convertirse en un feudo de organizaciones criminales multinacionales. Reportes de inteligencia y periodismo de investigación publicados al cierre de 2025 confirman la fragmentación del estado Bolívar en "virreinatos" criminales. Según datos de Amazon Underworld, el 67% de los municipios amazónicos conviven con estas redes, toleradas y a menudo auspiciadas por el régimen.
El mapa del crimen: una repartición pactada
La soberanía nacional ha sido sustituida por el control de bandas específicas: en Sifontes manda la organización "3R" (Tumeremo); en El Dorado, el "Negro Fabio"; en Las Claritas, remanentes del "Tren de Aragua" imponen su ley; y en San Martín de Turumbán, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) opera como autoridad de facto. En El Callao y Roscio, el "Tren de Guayana" completa el cuadro. Estos grupos no solo extraen oro, sino que participan en esquemas de "lavado" de arenas negras (coltán y tierras raras), demostrando que el crimen organizado es socio estratégico de la dictadura.
La economía del terror: Precios récord y fragilidad logística
El mercado del oro actúa como acelerador del conflicto. Con el precio global alcanzando un récord histórico de USD 4.000 por onza, el valor del gramo en Bolívar se disparó a USD 120-140, intensificando la minería fluvial y a cielo abierto. Sin embargo, este auge no es libre: en zonas de control total como Las Claritas, la coerción sustituye a la competencia y el oro se paga más barato. Además, la dependencia logística de redes ilícitas quedó expuesta en noviembre, cuando el cierre del espacio aéreo y restricciones del INAC provocaron una caída del precio local a USD 80 por gramo. Sin vuelos para mover el efectivo y el metal, el negocio se paraliza, evidenciando que la minería opera en corredores controlados por pactos entre mafias y el Estado.
Cárceles y cuarteles: La maquinaria de mano de obra
Para sostener esta producción, se requiere mano de obra esclava. La simbiosis entre el Estado criminal y las minas tiene su epicentro en el Centro Penitenciario de Oriente (El Dorado). La fuga de seis reos condenados a finales de noviembre encendió las alarmas sobre el flujo de personal desde los penales hacia las minas. A esto se suma la grave denuncia de la periodista Sebastiana Barráez sobre el alistamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en el Kilómetro 0 y La Camorra. La FANB no solo permite la esclavitud moderna, sino que parece reclutar activamente para nutrir la maquinaria de extracción.
Despojo cultural y hecatombe ambiental
El costo de este esquema recae sobre la población y el ecosistema. Informes regionales documentan cómo más de 15 pueblos indígenas —incluyendo Pemón, Yanomami, Uwottüja y Ye'kwana— sufren pérdida territorial y erosión cultural. La minería fractura comunidades y convierte la necesidad en dependencia. Simultáneamente, organizaciones como PROVEA y ODEVIDA describen la situación como una "hecatombe ambiental": deforestación acelerada, sedimentación de cuencas vitales para la electricidad del país y envenenamiento por mercurio. Áreas protegidas como el Parque Nacional Canaima se han transformado en enclaves mineros, mientras los operativos militares oficiales son gestos mediáticos que no desmantelan las finanzas del negocio.
Expansión del conflicto
La tensión territorial sigue en aumento. En la Troncal 10, videos recientes sugieren un "cambio de guardia" en el cobro de vacunas con la anuencia de la Guardia Nacional. Al oeste, en el municipio Angostura (Hato La Vergareña), se confirmó el asentamiento del ELN en 180 mil hectáreas. Allí, la guerrilla actúa como fuerza de ocupación con permisividad total, completando la entrega de la geografía nacional y sus recursos a actores armados extranjeros.