Observatorio socioambiental

Escudo Bolivariano Maroa y Neblina 2025 reportaron campamentos destruidos, pistas clandestinas inutilizadas y logística incautada en Maroa, Atabapo, Autana y Atures. El patrón que dejan no es el de una política sostenida sino el de una intermitencia: periodos de mano dura seguidos de reorganización de las economías ilícitas, con los frentes desplazándose y los corredores reapareciendo en Cárida y el río Cunucunuma.

Esa alternancia no es un fallo de ejecución: es el mecanismo. Un «semáforo» informal regula la actividad según acuerdos locales y coyunturas de negociación, y quien lo administra es el mismo que después anuncia el operativo. Mientras tanto, los grupos armados irregulares —incluidos el ELN y las disidencias de las FARC— siguen instalados en la vida cotidiana de las comunidades.

El resultado se mide en muertos y en niñas. Los asesinatos selectivos en Puerto Ayacucho muestran el arraigo del sicariato y la disputa por las economías ilícitas; y la ruta que traslada a niños, niñas y adolescentes indígenas desde Puerto Ayacucho hasta los establecimientos sexuales de Puerto Carreño demuestra que el mismo corredor que mueve el oro mueve personas, y que nadie lo está vigilando.

Mientras los operativos se anunciaban en rueda de prensa, en el Padamo fueron las propias comunidades las que interceptaron un cargamento minero. No es un gesto simbólico: es defensa territorial ejercida por quienes viven allí, en ausencia de cualquier autoridad que cumpla esa función. La resistencia frente al saqueo en el Alto Orinoco y en Río Negro es, este cuatrimestre, la única contención real que registró el sur.

Esa defensa tiene además una agenda escrita. La Pre-COP Indígena capítulo Venezuela y los pronunciamientos de ORPIA articulan demandas concretas —demarcación de territorios, reconocimiento de los pueblos en aislamiento, fondos, moratoria a los proyectos extractivos— que ninguna instancia del régimen ha respondido.

Y ponen el dedo en la contradicción exacta: ORPIA desnuda la hipocresía del discurso «ecosocialista» de un gobierno que se presenta como defensor de la naturaleza mientras administra el saqueo. Cuando quienes protegen el bosque son los mismos a los que el régimen no atiende ni sanitariamente, la palabra ecosocialismo no describe una política: describe una campaña.

En el último cuatrimestre de 2025 se aceleró la minería fluvial y mecanizada en las cuencas del Caroní y el Paragua y sobre el Icabarú, con balsas y dragas —algunas de dos pisos— operando de día y de noche. La sedimentación y el aporte de lodos a los ríos ya son visibles a simple vista. Son las mismas cuencas que alimentan cerca del 70 % de la electricidad de Venezuela: el régimen está racionando la luz del país mientras deja destruir su fuente.

Dentro del parque nacional Canaima emergen y se expanden nuevos frentes mineros a pocos kilómetros del Salto Ángel y a lo largo del río Carrao. La bulla de Warí Ken es el caso que mejor lo retrata, y viene acompañado de un cambio social de fondo: el turismo tradicional se ha derrumbado y miembros de las comunidades se incorporan a la minería, primero como mano de obra y cada vez más como propietarios de equipos.

Nada de esto ocurre a escondidas. Por la Troncal 10 y por las rutas fluviales transita con normalidad la gasolina en tambores, los motores y la «maquinaria amarilla», atravesando alcabalas militares y puestos de seguridad indígena: hay un engranaje logístico sólido, y sostenerlo requiere permiso. La contaminación llega hasta la sangre de los delfines del Orinoco, mientras los zoocriaderos autorizados por el propio régimen sirven de fachada para el tráfico de fauna.

Los derrumbes de «cilindros» y de frentes a cielo abierto en El Callao y la Gran Sabana dejaron decenas de fallecidos, con rescates que se prolongaron durante días y con restricciones de acceso a la información. A eso se suman las explosiones de combustible por almacenamiento precario en La Paragua e Icabarú: no son accidentes imprevisibles, son el resultado previsible de mover miles de litros de gasolina sin ninguna regulación.

La cara sanitaria es todavía más grave porque es más silenciosa. La malaria, la tuberculosis y el hambre diezman a los pueblos indígenas del sur en un escenario de desatención crónica, con muertes evitables que no entran en ninguna estadística oficial porque el régimen ha dejado de publicarlas.

El precio del oro, en suma, no se paga en dólares: se paga en derechos humanos y ambientales. Y la respuesta institucional a cada episodio no ha sido investigar sino restringir el acceso a la información, que es la forma más barata de que un desastre no exista.

El cuatrimestre cerró con decomisos históricos en Brasil: incautaciones de oro ilegal en las rutas que conectan Roraima con el eje Lethem-Boa Vista y aprehensiones de droga aérea sobre infraestructuras amazónicas, junto al anuncio de una cooperación policial reforzada para la región. La conclusión es difícil de esquivar: el flujo ilícito de alto valor que parte del sur de Venezuela permea cadenas regionales enteras.

El Cartel de los Soles y el Tren de Aragua redirigieron la droga hacia Brasil ante el bloqueo caribeño, y el espacio aéreo fronterizo sigue moviendo narcoavionetas y vuelos VIP con una naturalidad que solo se explica desde arriba. La presión externa aumenta el escrutinio, pero dentro de Venezuela no se observa una sola respuesta sostenible que reduzca la oferta ilícita.

Y mientras eso ocurre, se subasta lo que aún era del país: Naveen Jindal se queda con Ferrominera al mismo tiempo que la OTCA repudia públicamente a la narcodictadura. Vender la siderúrgica y perder el oro por contrabando son dos formas del mismo negocio.

La disputa por la Guayana Esequiba siguió su curso institucional mientras, sobre el terreno, lo que se expande es la extracción. Guyana intensificó los controles y las medidas contra el contrabando de oro procedente de Venezuela, en un marco de tensión política y de señalamientos cruzados sobre redes criminales y corrupción a ambos lados de la línea.

El caso de los venezolanos implicados en terrorismo en Guyana y la caída del llamado «zar del oro» muestran hasta qué punto las estructuras criminales cruzan la frontera con más facilidad que cualquier autoridad. Y el puente aéreo hacia Port Kaituma, junto al saqueo operado por capital canadiense, describe un territorio donde el reclamo de soberanía convive con una explotación que no beneficia a ninguno de los dos países que lo reclaman.

Es la misma lectura que hacemos del resto del sur: donde la soberanía solo se ejerce en las declaraciones, el subsuelo lo reparte quien está allí con maquinaria.