Tumeremo y El Tigre: Ciudades varadas mientras la logística minera prospera

La crisis de combustible al sur del Orinoco no es un fenómeno de escasez generalizada, sino una operación de redistribución selectiva. Los datos recolectados durante el primer cuatrimestre de 2026 revelan una paradoja indignante: mientras los centros urbanos y las rutas turísticas se encuentran paralizados, la actividad minera ilegal en Sifontes y la Gran Sabana opera con un suministro de gasolina y gasoil que parece inagotable. Esta "reconfiguración" del mercado negro ha dejado a la población civil en un estado de vulnerabilidad extrema.

En ciudades como El Tigre (Anzoátegui), punto de entrada clave hacia la Guayana venezolana, las estaciones de servicio se muestran solitarias y cerradas, afectando gravemente el transporte de carga y el turismo regional. La situación se agrava al adentrarse en el estado Bolívar: en Tumeremo, capital del municipio Sifontes, el luchador social César Lizardi denunció en marzo de 2026 que un vehículo particular solo puede surtir 20 litros de combustible al mes, mientras que a las motocicletas se les permite apenas 10 litros. Este racionamiento asfixia la economía local y la movilidad de miles de familias.

Contrastando con esta parálisis urbana, la logística minera no se detiene. En el puerto de Kaikusé, en la zona de El Dorado, se ha documentado el traslado constante de embarcaciones cargadas con al menos 10 tambores de 200 litros cada uno. Según cálculos técnicos, las balsas mineras que operan en el Caroní consumen diariamente volúmenes equivalentes a la mitad de la carga de un camión cisterna, un flujo que solo es posible bajo la coordinación directa entre actores gubernamentales y los grupos armados que controlan las rutas fluviales.

Este sistema de "abundancia relativa" en los centros de producción minera confirma que el combustible se ha convertido en el lubricante de una economía criminal perfectamente coordinada. Mientras el ciudadano común hace colas de días por unos pocos litros, el combustible "desaparecido" de las estaciones oficiales reaparece en las minas de Icabarú y El Dorado, donde el precio se paga en gramos de oro. La escasez en las ciudades no es, por tanto, una falla del sistema, sino una herramienta de control social que garantiza que el recurso más valioso del país se desvíe hacia la extracción ilícita.