Observatorio socioambiental

Novena edición

Detrás de la fachada de apertura política y económica en Venezuela, el sur del Orinoco se consolida como un territorio de gobernanza híbrida donde el Estado y los grupos armados coexisten. Entre la destrucción de parques nacionales y el tráfico de oro de sangre, la región enfrenta una peligrosa mutación del extractivismo hacia un modelo institucionalizado que asegura el control social y territorial a través de la violencia.

El inicio de 2026 ha marcado un punto de inflexión sin precedentes en la historia contemporánea de Venezuela. Tras la captura de Nicolás Maduro y la instauración de un gobierno provisional, el país ha proyectado hacia el exterior una imagen de apertura económica y descompresión política, simbolizada por el regreso de organismos multilaterales y la flexibilización de sanciones petroleras. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalización y de las nuevas leyes mineras diseñadas para atraer capital extranjero, el sur del Orinoco permanece sumergido en una realidad paralela donde el Estado de derecho es inexistente y la soberanía se negocia bajo el fuego de las armas.

Este noveno informe del Observatorio Socioambiental (OSV) revela una contradicción alarmante: mientras el discurso oficial habla de una transición vigilada y de una minería "legalizada", los datos recopilados en el terreno denotan la consolidación de un sistema de gobernanza híbrida. En los estados Amazonas y Bolívar, la liberación de licencias internacionales para la comercialización de oro ha chocado frontalmente con la persistencia de redes delictivas que controlan la extracción. Lo que se presenta como una reincorporación al sistema financiero global está, en la práctica, oxigenando estructuras de corrupción y permitiendo que el "oro de sangre" siga financiando el control social y territorial de grupos irregulares.

Para comprender la verdadera naturaleza de este nuevo periodo histórico, hemos analizado la dinámica socioambiental a través de cuatro interrogantes críticas. Este enfoque no solo documenta la degradación ecológica y la vulneración de derechos indígenas, sino que evalúa si los cambios en Caracas han tenido un impacto real en las profundidades de la selva. A continuación, desglosamos los hallazgos que explican cómo el extractivismo ha mutado de una actividad desorganizada hacia un modelo institucionalizado y transnacional que redefine la criminalidad en el sur de Venezuela.

¿La guerrilla y los grupos armados irregulares están saliendo de Venezuela?

Los hechos reportados muestran que los Grupos Armados Organizados: "el sistema", “los sindicatos”, el ELN y facciones de las FARC, no solo permanecen, sino que han pasado de ser grupos itinerantes a convertirse en autoridades de facto en las zonas mineras y más recientemente de asentamientos rurales y urbanos importantes. La evidencia obliga a descartar la hipótesis de un abandono del territorio. Por el contrario, se observa un proceso de reconfiguración orientado a fortalecer el dominio socioeconómico de estos grupos en la región.

¿Se interrumpió el flujo de gasolina hacia las minas?

No; las evidencias señalan que el flujo no se ha interrumpido, sino que se ha “reconfigurado” bajo un mercado negro controlado perfectamente coordinado entre actores gubernamentales encargados de la vigilancia y el control del combustible y los grupos armados que controlan las vías de acceso, el capital y las minas. Esta reconfiguración resulta en escasez de combustible en los centros poblados y una abundancia relativa en los centros de producción minera. En este sentido la hipótesis queda rechazada.

¿Existen cambios en las zonas de la actividad minera?

Los datos muestran que efectivamente se están desarrollando cambios que involucran una diversificación y una expansión, tanto en los minerales explotados como en las zonas intervenidas, tanto fuera como dentro de las áreas protegidas, apreciándose una mayor dinámica minera en cursos de ríos, mediante balsas mineras. En conclusión, se acepta la hipótesis formulada.

¿Este momento político representa un cambio en la dinámica de grupos criminales?

Si; la información recabada y analizada para este período enero a abril del 2026, muestran que existe un cambio, se está pasando de una minería "desorganizada" hacia un “extractivismo institucionalizado y transnacional”, pero dentro de parámetros de total ilegalidad. Por un lado, los grupos criminales están "mutando" de simples bandas (pranes/sindicatos) a organizaciones que colaboran o conviven con estructuras estatales para asegurar la salida del oro, asegurando la permanencia del sistema político a través de esta economía ilícita; y por el otro, el régimen acelera cambios mediante “reformas legales” para atraer inversión extranjera y modernizar el sector, lo que busca formalizar el control estatal sobre la renta, pero sin mover piezas sobre el terreno, lo que apunta a una suerte de repartición bajo un pacto de convivencia entre la delincuencia “oficial” y los pranes, sindicatos y guerrillas que mantienen el dominio social y territorial.