Extinción de Minerven: La CVM y el modelo de gobernanza híbrida

El primer cuatrimestre de 2026 ha sido testigo de la reconfiguración institucional definitiva del sector minero en Venezuela. Mediante el decreto N° 5.266, publicado en la Gaceta Oficial N° 6.994 Extraordinaria, la Presidencia de la República ordenó la extinción de la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven), traspasando la totalidad de sus activos, derechos y obligaciones a la Corporación Venezolana de Minería (CVM). Esta medida no es un simple ajuste administrativo; representa la consolidación de un modelo de "gobernanza híbrida" donde la CVM actúa como el gran gestor de rentas entre el Estado, empresas transnacionales y grupos armados.

El alcalde de El Callao, Coromoto Lugo, ha denunciado que la CVM funciona actualmente como un "aparato político" destinado a monopolizar la actividad económica. Según Lugo, la corporación ha otorgado más de 2,500 alianzas mineras sin realizar estudios previos de impacto ambiental, desplazando a los mineros artesanales genuinos en favor de figuras vinculadas a la jerarquía del régimen. Estas denuncias apuntan a una red de intereses donde nombres como Nicolás Maduro Guerra ("Nicolasito"), el expresidente del TSJ Maikel Moreno e incluso el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, son señalados por poseer presuntos nexos con yacimientos en El Callao y Sifontes.

Bajo este nuevo esquema, la CVM no solo administra la extracción, sino que legitima la permanencia del "sistema" o pranato. Mientras la corporación absorbe los activos industriales, en el terreno permite que grupos como el de "El Negro Fabio" en El Dorado o el Tren de Aragua en el Kilómetro 88 mantengan el control social y territorial. Es una suerte de reparto: la delincuencia oficial gestiona la comercialización y las licencias internacionales, mientras las bandas armadas garantizan la estabilidad de la explotación mediante la violencia y la justicia sumaria.

Analistas como el profesor Vladimir Aguilar advierten que este relanzamiento del extractivismo, ahora bajo el paraguas de la CVM y la nueva Ley de Minas, busca atraer inversión extranjera (como la de Trafigura o Gold Reserve) ofreciendo una apariencia de orden estatal. Sin embargo, la realidad muestra que el Estado ha renunciado al monopolio de la fuerza, delegando en la CVM la tarea de cohabitar con estructuras criminales para asegurar que el oro —cada vez más necesario para la supervivencia política del régimen— siga fluyendo hacia los mercados internacionales sin importar el costo humano o ecológico.