El asesinato de Julio Rodríguez expone la disputa guerrillera en Los Pijiguaos

El 9 de agosto de 2026, el capitán del poblado indígena Ekunay, Julio Rodríguez, fue encontrado muerto después de sufrir torturas y mutilaciones en la zona de Los Pijiguaos, estado Bolívar. El hecho ha sido atribuido por distintas fuentes al avance de un grupo disidente de las FARC sobre el sur del municipio Cedeño, donde ejerce control la guerrilla colombiana del ELN.

Ekunay es una comunidad principalmente del pueblo Jivi, con presencia Mapoyo, en una zona donde el control territorial y las dinámicas socioambientales están dominados hoy por el ELN. Rodríguez era su capitán: la autoridad tradicional a la que corresponde representar a la comunidad frente a cualquiera que llegue a su territorio.

La presencia del ELN se consolidó después de su ingreso con la venia de algunos habitantes, impulsados por codicia o por miedo. El grupo ha operado de forma coordinada con personas del sector y mantuvo el dominio del área luego de enfrentarse el año anterior con las FARC-D, contienda en la que murió un comandante y que provocó el repliegue de la contraparte.

Las informaciones relacionadas con el asesinato pueden provenir de aliados de ambos bandos con la finalidad de inculpar al otro. No es posible afirmar con seguridad cuál grupo es responsable. Lo comprobable es que estas estructuras ejecutan, desaparecen, reclutan y desplazan comunidades indígenas con la anuencia del Estado y en medio del silencio institucional.

La publicación de datos reservados por parte de una facción busca debilitar a la otra, pero convierte el corredor en una zona aún más peligrosa. Cualquier habitante o dirigente puede ser acusado de colaborar con alguno de los bandos y pagar con su vida las consecuencias de la confrontación.

Esa guerra de información se libra sobre el eje que une Puerto Ayacucho, El Burro y Puerto Páez, una de las rutas fluviales y de contrabando más disputadas de la región. Allí no hay presencia estatal que module el conflicto: hay dos estructuras armadas midiéndose y una población civil sin ningún lugar donde denunciar.

Ni el Ministerio Indígena ni las organizaciones de base emitieron pronunciamientos ante la muerte del capitán. Esa ausencia de respuesta agrava la desprotección de las comunidades Jivi y Mapoyo sometidas a una disputa armada sobre sus territorios.

El silencio es, en sí mismo, un dato del período. Un capitán indígena torturado y mutilado no produjo una investigación anunciada, ni una comisión, ni una declaración del ministerio creado para atender a esos pueblos. La institucionalidad del régimen reacciona con rapidez cuando se trata de difundir un operativo militar y enmudece cuando la víctima es un dirigente indígena en un territorio que no controla.

Mientras los GAO estructuran los «sistemas» del este de Bolívar, en el oeste y el sur de Cedeño ocurre algo semejante con el ELN y el avance de las FARC-D. Esta disputa está provocando desplazamientos y el cierre parcial de instalaciones de CVG Bauxilum.

Los Pijiguaos no es una zona marginal: es el asiento de la explotación de bauxita que abastece a la industria del aluminio venezolana, y el mismo corredor por el que suben los insumos de la minería ilegal hacia el Alto Parguaza y la frontera con Amazonas. Que una guerrilla extranjera administre ese territorio, cobre por el tránsito y castigue a las autoridades indígenas que le estorban dice más sobre el control real del régimen sobre el sur del país que cualquier operativo anunciado en televisión.

El cierre de esa planta mide el alcance del problema: la disputa armada ya no solo desplaza comunidades, también paraliza la actividad industrial del propio Estado. Bolívar queda así partido en dos sistemas de dominio armado —los sindicatos en el este, la guerrilla en el oeste— y el asesinato de Julio Rodríguez es lo que ocurre a quien vive en medio.