Canaima recibe nuevos frentes mineros mecanizados

Los 39 eventos únicos del municipio Gran Sabana documentan una presencia constante e incrementada de actividad minera mecanizada en Icabarú, Campo Carrao, Kukenán y el río Caroní, dentro o en los límites de amortiguamiento del Parque Nacional Canaima.

No se trata solamente de minería tradicional de aluvión. Se abren nuevos puntos de deforestación y remoción de la capa vegetal con maquinaria introducida por vías fluviales, carreteras, picas y trochas fronterizas.

Que esa maquinaria llegue hasta el interior de un parque nacional describe por sí solo el estado del control territorial. Dragas, motores y monitores hidráulicos no se transportan a escondidas: recorren carreteras, cruzan alcabalas y necesitan un flujo constante de combustible que alguien autoriza a pasar en cada punto del camino.

Las intervenciones militares en otros sectores producen un «efecto globo»: los grupos dispersados se dirigen a Canaima, a la Reserva Hidráulica de Icabarú y al Sector 7 del pueblo Pemón, en la cuenca del Icabarú.

El traslado documentado de mil quinientos tambores hacia ese Sector 7 muestra la escala de lo que se está montando. No es la reacción improvisada de unas cuadrillas desplazadas, sino el abastecimiento planificado de un frente minero dentro de un área bajo régimen de protección especial.

La minería invade cabeceras de cuencas esenciales para la generación hidroeléctrica. El Caroní y el Paragua alimentan el sistema de Guri, Caruachi y Macagua, de modo que la degradación no queda confinada a los frentes mineros.

Es la contradicción central de la política del régimen en el sur: se tolera y se protege una actividad que erosiona la base física del sistema eléctrico nacional, y después se administra la escasez que esa misma erosión ayuda a producir. Ninguna autoridad ambiental ha cuantificado públicamente lo que la sedimentación del Caroní está costando.

En el territorio Pemón, la expansión produce tensiones entre la oposición y el aval a las minas, fractura autoridades tradicionales y convierte a integrantes de las comunidades en mano de obra de una actividad que destruye sus fuentes de agua y subsistencia.

Esa fractura es uno de los daños menos visibles y más duraderos. Cuando una parte de la comunidad depende del ingreso minero y otra denuncia la destrucción, la autoridad tradicional pierde capacidad de decidir por el conjunto, que es exactamente la condición que necesitan los grupos armados y los operadores de maquinaria para instalarse sin resistencia.

La actividad altera el cauce de los ríos, destruye cobertura vegetal primaria y acumula cianuro y mercurio, al tiempo que empuja a comunidades indígenas hacia el trabajo minero.

Canaima no está sufriendo una minería residual heredada de otras décadas: está recibiendo frentes nuevos, mecanizados y en expansión, sin guardaparques, sin guardería ambiental y sin un solo puesto de control permanente que los detenga.