La ofensiva de junio en Las Claritas no cambió el sistema minero

El hecho más resaltante del período fue la intervención militar en Las Claritas y el Kilómetro 88, municipio Sifontes. Tanto el gobierno venezolano como la administración de Estados Unidos reportaron la muerte de Héctor «Niño Guerrero» Flores, máximo líder del Tren de Aragua.

Guerrero se refugiaba en las zonas mineras del sur desde su fuga del penal de Tocorón en 2023, y su eliminación fue presentada como un golpe decisivo a la cúpula de una organización criminal con ramificaciones internacionales. Tres meses después, los eventos del terreno permiten evaluar qué cambió realmente en las minas donde se escondía.

Un hecho de esa importancia no se reflejó en mejoras de las condiciones de la actividad minera: no produjo legalidad, ordenamiento territorial, respeto a los derechos humanos y ambientales, control estatal permanente ni transparencia sobre el posible ingreso de empresas nacionales o internacionales.

Por el contrario, la militarización acentuó condiciones preexistentes. La Guardia Nacional, la DGCIM y el SEBIN permanecieron en las zonas mineras, pero la imposibilidad de sostener el control impulsó nuevos acuerdos con viejos líderes criminales.

Los nombres de ese reacomodo son conocidos en la región: Juancho, el más antiguo de los liderazgos del sistema criminal de Sifontes; el Negro Fabio en El Dorado; Johan Petrica, número dos del Tren de Aragua; Ronny Matón al frente del Tren de Guayana en El Callao. La operación no dejó un vacío de poder: redistribuyó el poder entre quienes ya estaban.

El operativo fue un pico de alta visibilidad dentro de un patrón espasmódico. Las fuerzas públicas pueden ocupar un sector, destruir equipos y difundir resultados, pero no establecen la institucionalidad capaz de ordenar la minería o proteger a las comunidades después de su retirada.

A ese patrón se sumó una circunstancia del período: el terremoto de La Guaira del 24 de junio desvió la atención del gobierno interino hacia la emergencia del centro-norte. El sur no fue afectado por el sismo, pero sí por la desatención que siguió, y en ese paréntesis el sistema híbrido policial, militar y criminal terminó de reorganizarse sin testigos.

La respuesta posterior muestra el reacomodo: antiguos cabecillas recuperan espacio, los actores armados reorganizan los accesos y las cuadrillas se desplazan a El Callao, El Dorado o Gran Sabana. El negocio cambia de manos o de ubicación, pero no desaparece.

Al mismo tiempo circula, con ayuda de contenidos difundidos en redes, la idea de que lo mejor sería volver al esquema de control que impuso Francisco Rangel Gómez desde la Gobernación de Bolívar, el mismo que puso a Juancho a dirigir algunos de los mayores yacimientos del estado. Se ofrece como solución el orden criminal anterior, y el gobierno responde con silencio.

La neutralización de una figura no desmontó la coexistencia híbrida entre cuerpos de seguridad, grupos armados, operadores mineros y redes políticas.

Ese es el balance del hecho más publicitado del período: un titular internacional, ninguna institución nueva en el territorio y un sistema de dominio que salió de junio con menos competencia interna y los mismos socios uniformados.