Detrás de la fachada de apertura política y económica en Venezuela, el sur del Orinoco se consolida como un territorio de gobernanza híbrida donde el Estado y los grupos armados coexisten. Entre la destrucción de parques nacionales y el tráfico de oro de sangre, la región enfrenta una peligrosa mutación del extractivismo hacia un modelo institucionalizado que asegura el control social y territorial a través de la violencia.

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Se encontró una reducción de 945.000 hectáreas de bosque desde el año 2000, con una aceleración de la pérdida desde 2015. Las sabanas naturales también disminuyeron significativamente. La minería y la agricultura son los principales causantes de la deforestación, incluso en la Guayana Esequiba, donde la minería ha aumentado considerablemente.

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El régimen venezolano utiliza a la Corporación Venezolana de Minería (CVM) para barnizar de legalidad la extracción ilícita, permitiendo incluso rutas de exportación que conectan el Arco Minero con el puerto de La Guaira y con destinos internacionales.

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Se consolida una gobernanza criminal híbrida que articula pranes, bandas locales, disidencias guerrilleras y piezas de aparatos estatales, con capacidad para asegurar rutas y logística en tierra, río y aire.

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